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21/09/2018

Actualidad Venezolana / Venezuelan Affairs

Codevida: 61% de la población venezolana vive en extrema pobreza

Venezolanos buscan en la basura algo con qué alimentarse.El 55% de los niños menores de cinco años sufre malnutrición, según informó el director de la ONG venezolana, Francisco Valencia

 

Ginebra.- El 87% de la población venezolana vive en la pobreza y el 61% en pobreza extrema, según afirmó este jueves el director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), Francisco Valencia. 

"La crisis que sufre Venezuela tiene consecuencias devastadoras para el bienestar de la población y en el disfrute de sus derechos", enfatizó Valencia tras denunciar la dramática situación junto a otros representantes de la ONG venezolana y del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ante la ONU. 

"Los niveles de inseguridad alimentarios son altísimos. El 55% de los niños menores de cinco años sufren malnutrición", agregó el activista citando datos gubernamentales de Cáritas y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Por su parte, el integrante de la CDH de la UCAB, Eduardo Trujillo, aseguró que "más de 8 millones de venezolanos solo comen dos veces por día o menos, y lo que ingieren no es nutritivo. De media, los venezolanos perdieron 11 kilos de peso solo en 2017".

El acto en el que participaron los activistas fue organizado por la ONG defensora de las libertades fundamentales Human Rights Watch y llevado a cabo en paralelo a la trigésimo novena sesión regular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

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SALARIO IGUALITARIO, POBREZA PARA TODOS

Definitivamente el empeño gubernamental de pauperizar al pueblo venezolano no tiene límites, al informar el lunes 03/09/2018 el nuevo tabulador salarial para los trabajadores de la Administración Pública nacional y descentralizada, que establece un límite inferior de 1800 bs. S, para los obreros y un límite superior de 2.790 para los profesionales universitarios, adicionalmente indica a sindicatos, federaciones de trabajadores de ministerios, institutos y empresas del estado, adecuar sus tabuladores a este decreto, no publicado en Gaceta Oficial. Es necesario agregar que el  aumento del salario mínimo del 17/08/2018 establecido para el sector privado es similar al del sector público.

El efecto es brutal para una población formal que integra a casi 4.000.000 de trabajadores, ya que de forma unilateral método característico de los regímenes totalitarios, pulveriza las escalas salariales logradas tras 50 años de luchas sindicales, por otra parte contiene un segundo impacto que es el aplanamiento de las remuneraciones al reducir al mínimo el reconocimiento de la experiencia, niveles del cargo y formación académica. Lo que antes se convenía mediante contratación colectiva, ahora es decisión exclusiva del dictador, quien descalifica la meritocracia por ser según él, un valor burgués, desconociendo el esfuerzo laboral de toda una vida.

Ni Hugo Chávez se había atrevido a imponer lo que Maduro ha dado rienda suelta, y es la castración de los salarios en Venezuela, al mejor estilo castrista, donde  el salario de un obrero es de 400 pesos(15 $) y el de un profesional universitario ronda los 900 pesos(30 $) aproximadamente, con la diferencia que en Cuba no hay inflación, evidentemente no hay nada que comprar, ya que ese género de dictaduras tiene "cualidades divinas", ya que decreta el pleno empleo, abastecimiento y que no suban los precios, así se observe por los medios de comunicación internacional las condiciones famélicas de la población.

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Nicaragua no es Venezuela

Policía de Nicaragua arremete contra manifestantesEvitar que Nicaragua sea la nueva Venezuela requiere entender las diferencias entre los dos países y el margen que hoy existe para una mediación internacional en la crisis nicaragüense.

Hasta hace poco, el régimen autoritario del presidente Daniel Ortega en Nicaragua lucía imperecedero. Esta ilusión se desvaneció en abril, cuando la población, anestesiada, se volcó masivamente contra Ortega y sus aspiraciones de perpetuarse, junto a su familia, en el poder. El impasse político creado por la gigantesca ola de protestas –y más aún por la brutal represión del régimen– ha derivado en una de las más graves crisis de derechos humanos en la historia reciente de América Latina.

Muchos se preguntan si Nicaragua seguirá el mismo camino que Venezuela, donde una crisis política y humanitaria se Policía venezolana arremete contra manifestantesdeteriora desde hace años a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional. Dada la estrecha relación entre estos dos países por su retórica política y supuesta adherencia a una visión del socialismo en Latinoamérica, y teniendo en cuenta la importancia de la crisis venezolana a nivel hemisférico, la pregunta es válida. Sin embargo, Nicaragua no es Venezuela. El tipo de régimen autoritario forjado por la familia Ortega, así como el modelo político y económico en el que se basó, es diferente al “socialismo del siglo XXI” ­inaugurado por Hugo Chávez. Por ello, su crisis es distinta a la del gobierno del hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y debería interpretarse en el contexto de sus particularidades. Además, debido a que Nicaragua no tiene la ubicación geográfica ni los recursos naturales de Venezuela, los riesgos de una prolongación de la crisis en el país centroamericano son únicos, como también son únicas las oportunidades para un papel positivo de la comunidad internacional.

 ¿Socialismo del siglo XXI?

El triunfo electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 2006 se conceptualizó, de manera equivocada, como parte de la llamada “marea rosa” de gobiernos de izquierda que barrieron el panorama electoral latinoamericano a mediados de esa década. En especial, se asoció a Ortega con los líderes populistas de los países agrupados en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) tras la incorporación de Nicaragua en 2007.

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To understand Venezuela's future, look to the bond market, not politics and protests

U.S. and Caribbean courts allow companies owed money by Venezuela's indebted state to seize oil abroad

 

Despite some of the world's worst inflation and an economic crisis so severe that 2.3 million people have fled the country in the past four years, Venezuelan President Nicolas Maduro isn't currently facing major street protests and his political opposition remains fractured.

Venezuela has the world's largest proven oil reserves, but shortages of food, medicine and electricity continue to ravage the country. The International Monetary Fund predicts inflation could reach one million per cent by year's end.

These conditions should be ripe for political unrest. 

But the demonstrations, which last year brought hundreds of thousands into the streets, have largely fizzled, and the socialist government's political opposition has weakened in the past year.

Political change over the next 18 months is unlikely as Maduro's United Socialist Party tightens its grip on the economy, the courts and the press, said Raul Gallegos, a Bogota-based associate director with Control Risks, a security analysis firm.

Rather than young activists protesting in public squares, some analysts believe the most likely force to spur serious political change in Venezuela comes from spreadsheet-wielding bond traders and well-heeled sovereign debt lawyers as they move to seize state-owned energy assets to recoup money owed.

Venezuela's government maintains it will pay all of its debts and is working to reform its economy by cutting fuel subsidies and changing how its currency is managed — all aimed at fighting what it calls an "economic war" being waged against the country by the U.S., neighbouring Colombia and domestic business owners.

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CON MI PENSIÓN NO TE METAS

Los pensionados del IVSS han pasado a ser el contingente laboral más numeroso y homogéneo de la población venezolana, nos referimos a 3.500.000 trabajadores que cotizaron sus aportes en el contexto de la vigente ley del Seguro Social de 1966, y del artículo 26 que establece un mínimo de 750 cotizaciones para acceder a ese derecho. A esta cifra hay que agregarle  800.000 pensionados de la misión Amor Mayor asignados igualmente al IVSS, por decreto presidencial de Hugo Chávez en 2011.

Es importante tener presente que el derecho a la pensión y al sistema de seguridad social se enmarca en el contexto del artículo 86 de la vigente carta magna, que consagra el derecho a la seguridad social a toda la población venezolana, aspiración hoy incumplida por el Estado, al no haberse aprobado a 16 años de haberse promulgado la ley marco de seguridad social integral LOSSI (2002), las leyes correspondientes a los subsistemas de Salud y  del subsistema de Pensiones. En ese lapso se han aprobado solo los subsistemas de: Adulto Mayor, Empleo y Capacitación, Riesgos en el Trabajo (LOPCIMAT) y Habitat y Vivienda.

La ausencia de las leyes de los dos subsistemas más importantes del sistema de seguridad social en cualquier país del mundo, ha sido sustituida por la demagogia gubernamental que mediante decretos  las manipula a su conveniencia, en las campañas presidenciales y para garantizarse el apoyo de esa inmensa masa laboral. Mediante este modus operandi le ofreció pensiones al sector de la economía no dependiente o informal que registra a mas de 5.000.000 de trabajadores de la población activa, le ha generado expectativas con la misión amor mayor a la tercera edad, aún cuando el IVSS carece de la infraestructura necesaria para atender los actuales pensionados del IVSS.

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